La reciente decisión del Órgano de Administración Judicial en México ha generado un cambio sustancial en las prestaciones de los nuevos empleados del Poder Judicial de la Federación. Desde el 1 de septiembre ya no se otorgarán el seguro de gastos médicos mayores ni el seguro de separación individualizado a quienes ingresen a partir de esa fecha.
El acuerdo aprobado incluyó la modificación de tabuladores salariales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Disciplina Judicial. En consecuencia, solo los trabajadores con continuidad laboral previa mantendrán sus beneficios originales, mientras que el nuevo personal tendrá condiciones diferentes.
Seguro de separación y derecho a la movilidad laboral
El seguro de separación individualizado operaba como un fondo de ahorro tripartita, integrado por aportaciones del trabajador, la institución y rendimientos financieros. Esta prestación permitía generar un respaldo económico ante retiro, despido, invalidez u otras contingencias. Su eliminación ha despertado preocupación entre empleados, pues se argumenta que también limita el derecho a la movilidad laboral dentro del propio Poder Judicial.
Además, los trabajadores advierten que al cambiar de área o nivel jerárquico podrían ser considerados como nuevo ingreso, lo que implicaría perder acceso a seguros antes garantizados. Del mismo modo, sindicatos y especialistas alertan que la medida podría desalentar la permanencia de personal con alta especialización.
Por otro lado, el impacto financiero de esta decisión será inmediato en el presupuesto institucional. El seguro de separación individualizado representaba un compromiso de largo plazo, cuyo costo se calculaba en miles de millones de pesos anuales. La medida busca contener gastos, aunque sus repercusiones en la atracción y retención de talento siguen siendo objeto de debate.
