Un giro de alto impacto operativo y financiero atraviesa el sector asegurador jalisciense. El gobierno del estado plantea obligar a las compañías de seguros a cubrir los gastos generados por las intervenciones de los cuerpos de bomberos en siniestros atendidos a particulares o empresas. La medida busca fortalecer la infraestructura de emergencia y trasladar el costo de la extinción de incendios al sector privado asegurado.
Jalisco concentra una población de más de 8 millones de habitantes y cuenta con aproximadamente 3 277 bomberos estatales, lo que equivale a 0.39 bomberos por cada mil habitantes —lejos del estándar internacional recomendado de al menos 1 por mil. Esa brecha en capacidad operativa impulsa una estrategia donde las aseguradoras asuman el costo de extinción cuando sus asegurados resulten afectados.
Revisión contractual y nuevas obligaciones del seguro
La iniciativa considera ajustes regulatorios dentro de los contratos de seguro contra daños, especialmente cuando el siniestro implique la movilización de bomberos. Además, se anticipa una colaboración entre el estado y autoridades de protección civil para definir procedimientos, tarifas y criterios claros que respalden los cobros. Por otro lado, será necesario evitar duplicidades de pago, estructurar esquemas de revisión y garantizar liquidez a las corporaciones.
Precedentes y presión financiera sobre el sector
Ya existe un modelo de coordinación estatal con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para atender choques menores y liberar vialidades en minutos. Este antecedente sugiere que puede construirse un mecanismo eficaz también para eventos de mayor impacto.
Durante el primer semestre de 2025, las aseguradoras desembolsaron 1 169 millones de pesos por riesgos hidrometeorológicos, marcando un máximo histórico desde 2017.
