La reciente emergencia provocada por lluvias torrenciales en Veracruz reveló una vulnerabilidad financiera significativa: el gobierno estatal no contaba con un seguro contra desastres naturales vigente. La falta de renovación de la póliza ha dejado sin respaldo económico inmediato a comunidades y sectores afectados por inundaciones y daños a infraestructura pública.
La administración encabezada por Rocío Nahle optó por no renovar la cobertura que protegía a Veracruz frente a fenómenos naturales de alto impacto. Este seguro, vigente hasta 2023, ofrecía una indemnización proporcional al daño en viviendas, carreteras y servicios básicos. En consecuencia, los recursos para la atención de la emergencia deberán provenir de fondos estatales y federales extraordinarios.
Impacto financiero y ausencia de cobertura
Los costos de reconstrucción y ayuda humanitaria superan las capacidades presupuestales locales. Sin un seguro contra desastres, el proceso de recuperación dependerá de la reasignación de partidas públicas y del apoyo de programas federales. Además, el retraso en la llegada de recursos podría prolongar la reactivación económica en los municipios más afectados.
Por otro lado, especialistas en gestión de riesgos destacan la importancia de mantener coberturas vigentes ante el aumento de eventos climáticos severos. Las aseguradoras ofrecen esquemas flexibles que permiten distribuir el riesgo entre entidades públicas y privadas.
Riesgos crecientes y medidas de contención
La exposición de Veracruz a huracanes y lluvias intensas ha incrementado la demanda de seguros catastróficos en el país. Sin embargo, la cancelación de pólizas públicas limita la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias, afectando tanto a la población como al sistema financiero estatal.
De acuerdo con estimaciones preliminares, los daños en infraestructura podrían superar los 8 mil millones de pesos. Esta cifra resalta la importancia de los instrumentos de aseguramiento como parte esencial de la planeación financiera gubernamental.
