La presión económica en Puerto Rico vuelve a poner al Mercado de Seguros en el centro del debate. Líderes del sector advierten que el sistema de salud necesita coordinación y decisiones integradas para sostenerse ante el envejecimiento poblacional, el aumento de costos médicos y la carga financiera que recae sobre aseguradoras y proveedores.
El Informe Anual de la Industria de Seguros reporta que los ingresos por primas alcanzaron 22 mil millones de dólares. Esta cifra equivale a 17.5% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico y confirma la relevancia estructural del sector. Además, 72% del total provino de seguros de salud y discapacidad, la línea más grande y la más dependiente de fondos estatales y federales.
Mercado de Seguros alerta sobre presión creciente en el sistema
Insurers y organizaciones de servicios médicos generaron más de 449 millones de dólares en ingresos netos. Aun así, enfrentan inflación en servicios de salud, medicamentos especializados más costosos y ajustes al Plan Vital que elevan riesgos operativos. Las autoridades anticipan que estas presiones continuarán el próximo año.
Expertos destacan que el sistema enfrenta una trampa de circularidad. Los pagos que Medicare usa para actualizar salarios hospitalarios dependen de nóminas que, a su vez, dependen de los mismos fondos federales. Esta dinámica distorsiona compensaciones, limita capacidad operativa y agrava la fragilidad de hospitales que ya trabajan con márgenes estrechos.
Brechas estructurales que afectan la sostenibilidad del sistema
La disparidad de ingresos también aumenta la dependencia de Medicaid y Medicare Advantage. Más de 1.4 millones de personas dependen de Medicaid y 657 mil están inscritas en Medicare Advantage, incluidos más de 300 mil beneficiarios duales. Puerto Rico recibe una asignación promedio de 644 dólares por paciente, cifra inferior a los 1,099 dólares en los estados y menor incluso que los 837 dólares de Islas Vírgenes.
La industria coincide en que la sostenibilidad del sistema requiere coordinación legislativa, claridad regulatoria y un enfoque centrado en el paciente. Organizaciones del sector ya presentan posturas unificadas ante el gobierno federal para abordar la brecha de financiamiento y proteger la continuidad de servicios esenciales.
