Una reciente ley promulgada en California representa un avance decisivo en la defensa de los propietarios de vivienda que enfrentan dificultades financieras. A partir de agosto de 2025, la Senate Bill 876 (SB 876),de la Asamblea obliga a los administradores hipotecarios a informar por escrito si el dueño de una propiedad tiene derecho a una evaluación para evitar la ejecución hipotecaria. Esta medida introduce mayor transparencia en un proceso históricamente complejo y poco equitativo.
La legislación responde a lagunas regulatorias que durante años permitieron la ejecución de hipotecas sin una revisión clara de alternativas viables para los propietarios. En particular, ahora será indispensable que las entidades financieras detallen si el deudor cumple los criterios para iniciar una «evaluación de mitigación de pérdidas», mecanismo que puede incluir opciones como reestructuración del préstamo, planes de pago o venta asistida.
Evaluación escrita obligatoria: nueva garantía legal en ejecuciones hipotecarias
Este requisito no existía con anterioridad y su ausencia dejaba a miles de familias en una posición vulnerable. Al establecer esta obligación documental, el marco legal se alinea con estándares más exigentes de rendición de cuentas para los servicios hipotecarios. Además, los propietarios podrán tener una base más sólida para impugnar acciones judiciales o negociar con mayor claridad.
La medida también podría impactar positivamente en la industria aseguradora relacionada con vivienda. Al reducir el número de ejecuciones aceleradas, se disminuye el riesgo sistémico asociado al abandono de propiedades aseguradas, lo que mejora la estabilidad del portafolio para las aseguradoras involucradas.
En un contexto donde más de 4 millones de hipotecas activas conviven con tensiones económicas, medidas como esta se vuelven imprescindibles. Solo en el primer semestre de 2025, California registró más de 11 mil notificaciones de ejecución, según cifras del Departamento de Protección Financiera e Innovación.
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