La digitalización avanza a gran velocidad en España, y con ella, también lo hacen las amenazas que comprometen el funcionamiento de empresas, instituciones públicas y entornos domésticos. La protección ante los riesgos digitales ya no es opcional ni exclusiva de grandes corporaciones. Se ha convertido en una necesidad ineludible, como confirma la reciente publicación del Consejo Económico y Social (CES), Guardianes digitales para un crecimiento sostenible.
El estudio señala que la ciberdelincuencia ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una estructura criminal sofisticada, que emplea tecnologías como inteligencia artificial, computación en la nube e internet de las cosas. Esta transformación ha multiplicado la capacidad de ataque, reduciendo el esfuerzo necesario para cometer delitos y dificultando su detección. En consecuencia, el impacto económico y operativo sobre las organizaciones se ha vuelto crítico.
Inteligencia artificial y seguridad digital: ¿arma de doble filo?
España afronta una doble presión: la escasa preparación de muchas entidades ante ataques complejos y la falta de consensos internacionales sobre ciberseguridad. En 2022, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó casi 119.000 incidentes, afectando principalmente a pymes y ciudadanía. Por su parte, el CCN-CERT reportó más de 70.000 casos vinculados a organismos públicos.
La inteligencia artificial se perfila como una herramienta clave para contrarrestar esta amenaza, al permitir detecciones tempranas y respuestas ágiles. Sin embargo, también es utilizada con fines delictivos, como generar fraudes persuasivos, analizar vulnerabilidades o crear contenidos falsificados.
El CES advierte que el 60 % de las pymes no logra superar los seis meses posteriores a un ciberataque. Además, la protección del consumidor digital se ha vuelto central, incluyendo garantías como el derecho de desistimiento, la confirmación inmediata de compra o la devolución ante operaciones de pago no autorizadas.
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