El programa de garantías COVID implementado por el Reino Unido durante la pandemia enfrenta ahora una prueba judicial relevante. Greensill Bank ha demandado al Departamento de Empresa y Comercio británico por más de 330 millones de libras esterlinas tras la cancelación de garantías estatales vinculadas a préstamos otorgados en 2020. La controversia revive los riesgos legales derivados de los esquemas extraordinarios creados para sostener liquidez empresarial.
El litigio se desarrolla ante el Tribunal Superior de Londres y se centra en préstamos concedidos a compañías relacionadas con GFG Alliance. Los administradores del banco sostienen que la terminación de las garantías vulneró los términos contractuales originales. En consecuencia, buscan recuperar montos que, convertidos, superan los 440 millones de dólares.
Garantías COVID y límites regulatorios
El eje de la disputa radica en los topes establecidos por el programa británico de respaldo crediticio. Según la defensa del gobierno, varios préstamos respaldados excedieron el límite permitido para un mismo grupo empresarial. Asimismo, se argumenta que esa situación justificó la anulación de las garantías.
Por otro lado, Greensill Bank sostiene que las condiciones contractuales obligaban al Estado a honrar los compromisos adquiridos. Esta diferencia de interpretación expone la fragilidad jurídica de instrumentos creados bajo presión económica. Además, plantea interrogantes sobre cómo deben estructurarse futuros esquemas de respaldo público.
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Impacto para aseguradoras y mercado financiero
El caso subraya que los programas de emergencia pueden generar contingencias financieras años después de su implementación. También evidencia que las garantías públicas no eliminan el riesgo contractual. Del mismo modo, las aseguradoras que cubren riesgos financieros deben evaluar con mayor rigor los marcos regulatorios y las cláusulas de terminación.
La demanda se produce casi seis años después del lanzamiento del esquema de apoyo crediticio en 2020, lo que confirma que la exposición legal asociada a medidas extraordinarias puede extenderse significativamente en el tiempo.
