El Consorcio de Seguros se ha convertido en una pieza singular del sistema asegurador español. Su capacidad para responder ante grandes catástrofes despierta interés internacional por combinar cobertura, reservas propias y colaboración con aseguradoras privadas.
El organismo público empresarial está adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. Sin embargo, no depende de los Presupuestos Generales del Estado para financiar las indemnizaciones derivadas de riesgos extraordinarios.
Consorcio de Seguros mantiene un modelo con reservas propias
Su funcionamiento descansa en recargos incluidos en determinadas pólizas contratadas con aseguradoras privadas. En turismos, el recargo alcanza 2,10 euros anuales. En viviendas supone 0,07 por mil sobre el capital asegurado.
Además, estos recursos permiten constituir reservas destinadas a responder cuando ocurre un acontecimiento extraordinario cubierto. El asegurado debe contar con una póliza vigente y cumplir las condiciones correspondientes.
La capacidad financiera del sistema quedó especialmente visible después de la dana de Valencia de 2024. Este episodio generó alrededor de 250.000 solicitudes de indemnización y un coste superior a 4.800 millones de euros; Asimismo, el Consorcio disponía de reservas previas por unos 10.300 millones de euros. Esa posición permitió afrontar las indemnizaciones sin recurrir a rescates públicos ni elevar las tarifas por ese episodio.
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Otros países estudian la experiencia aseguradora española
El modelo español atrae atención ante el aumento de los riesgos naturales y la brecha de protección. No obstante, el propio Consorcio considera que su estructura no puede trasladarse automáticamente a otros mercados.
Una adaptación requiere alta penetración del seguro privado, autonomía financiera y un sector asegurador capaz de gestionar la tramitación. También necesita un marco legal adecuado; En agosto de 2026, los terremotos de Granada volvieron a poner a prueba esta estructura. Para el 1 de septiembre, el Consorcio había recibido 41.228 solicitudes y estimaba daños superiores a 105 millones de euros.
