El gobierno de China comenzó a aplicar nuevas normas nacionales para sancionar a las empresas que incumplan sus obligaciones de seguridad social. La medida busca garantizar las aportaciones destinadas a pensiones y otros beneficios laborales, aunque también plantea un desafío para un modelo económico que durante décadas ha dependido de bajos costos de producción.
Desde el 1 de noviembre de 2026, las autoridades fiscales aplican criterios uniformes para castigar a los empleadores que no cubran sus contribuciones después de recibir una orden de pago. Las multas pueden alcanzar hasta tres veces el monto adeudado.
China busca reforzar el cumplimiento de los seguros sociales
Las sanciones ya existían en la Ley de Seguro Social de 2011, pero su aplicación ha resultado insuficiente. Además, una interpretación judicial vigente desde septiembre de 2025 estableció que los acuerdos entre empleadores y trabajadores para renunciar a estas aportaciones carecen de validez.
La aplicación de las nuevas medidas enfrenta resistencia empresarial. Algunas compañías advierten que cumplir íntegramente sus obligaciones podría provocar despidos o cierres ante la reducción de pedidos y ganancias.
Por su parte, trabajadores con ingresos bajos temen recibir salarios netos menores, mientras otros desconfían de la posibilidad de cobrar una pensión.
El problema afecta especialmente a antiguos trabajadores migrantes rurales, muchos de los cuales nunca ingresaron al sistema urbano de pensiones. Algunos reciben actualmente prestaciones básicas cercanas a 30 dólares mensuales.
Según China Dissent Monitor, los trabajadores protagonizaron aproximadamente 2,500 protestas durante 2025, muchas relacionadas con salarios impagos.
La protección laboral también influye en el consumo
Li Qiang, fundador de China Labor Watch, sostuvo en The Diplomat que el incumplimiento de las aportaciones sociales ha permitido reducir costos manufactureros, pero también ha debilitado la seguridad económica de millones de familias.
La organización investigó más de 200 fábricas y reportó que ninguna realizaba íntegramente las contribuciones correspondientes.
En 2025, también documentó presuntos incumplimientos en el complejo de Foxconn en Zhengzhou, donde trabajaban hasta 200,000 personas durante los periodos de mayor producción.
El autor señaló que fortalecer las pensiones y la protección sanitaria podría reducir el ahorro por precaución de los hogares e impulsar el consumo interno.
La discusión ocurre mientras el superávit comercial de China alcanzó 6.46 billones de yuanes, equivalentes a más de 900,000 millones de dólares, durante los primeros nueve meses de 2026.
Para Li Qiang, aplicar las obligaciones también en las fábricas pequeñas resulta fundamental para que una mayor protección social contribuya a reducir la dependencia de las exportaciones.
