Las estructuras criminales en México han dejado de actuar como organizaciones meramente violentas. Desde 2023, su evolución hacia modelos cuasi empresariales ha ganado velocidad, usando el terror como materia prima para diversificar su portafolio: desde cobro de piso hasta “seguros del crimen”. En regiones de alto control delincuencial, los cárteles han establecido esquemas de protección obligatoria, donde negocios pagan cuotas para evitar extorsión o violencia directa.
Este fenómeno no opera en la clandestinidad. En estados como Michoacán, Chiapas y Tamaulipas, es ampliamente conocido por comerciantes y empresarios. Lo que alguna vez fue una actividad residual hoy representa una fuente constante de ingresos para los grupos criminales, al grado de institucionalizarse. Estos esquemas se presentan con tarifas mensuales, condiciones “contractuales” y hasta con penalizaciones por incumplimiento.
El cobro del miedo y su impacto en la economía informal
La economía informal ha sido la más vulnerable. Locatarios, pequeños comerciantes y transportistas son blanco frecuente de estos seguros forzados. El impacto no solo es económico: genera desplazamiento comercial, inhibe la inversión local y fortalece la dependencia de estos sistemas criminales. En consecuencia, el pago por “protección” se vuelve un costo operativo más en múltiples sectores, especialmente en zonas con escasa presencia institucional.
A agosto de 2025, informes periodísticos revelan que algunos grupos criminales han comenzado a integrar formas digitales de cobro. El uso de plataformas electrónicas para pagos y rastreo de morosos evidencia una profesionalización alarmante. La frontera entre crimen y empresa continúa desdibujándose, y el miedo sigue siendo una de las materias primas más lucrativas.
