La cadena de reciclaje en España se encuentra en una encrucijada. Aunque los sistemas de gestión de residuos han mostrado avances en volumen y trazabilidad, el reciente incremento en la presión regulatoria, las tensiones geopolíticas y los ciberataques apuntan a una vulnerabilidad estructural cada vez más expuesta. Las aseguradoras, frente a este panorama, deben replantear sus modelos de evaluación de riesgos para una industria esencial pero subestimada.
De acuerdo con un análisis reciente de OfiRSU, la Oficina Técnica de Apoyo a la Red de Entidades Locales por el Reciclaje, uno de los principales puntos de falla se encuentra en los nodos iniciales del sistema: los centros de recogida y transporte. Estas instalaciones, generalmente gestionadas por operadores municipales o mixtos, presentan coberturas limitadas frente a interrupciones por causas no tradicionales, como sabotajes digitales o eventos climáticos extremos.
Reciclaje bajo presión y falta de cobertura especializada
Además, los modelos de seguros vigentes tienden a infravalorar el impacto económico de una disrupción en el tratamiento de residuos. Más allá de las pérdidas materiales, los bloqueos logísticos pueden desencadenar penalizaciones contractuales, pérdida de contratos con entidades públicas y deterioro reputacional. En consecuencia, se hace indispensable una revisión del enfoque asegurador, que contemple no solo los activos físicos, sino también la resiliencia operativa integral.
El informe advierte también sobre la falta de protocolos claros frente a crisis sistémicas. La ausencia de simulacros intersectoriales y la baja integración tecnológica entre actores del ecosistema dificultan la respuesta coordinada ante incidentes de gran escala.
Un dato clave: más del 62% de los municipios españoles declaran no contar con seguros específicos para sus instalaciones de tratamiento de residuos, según datos actualizados a noviembre de 2025 por la Asociación Española de Recuperadores.
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