Seguros catastróficos reducen el impacto de los desastres

Seguros catastróficos protegen viviendas y empresas de México ante huracanes, inundaciones y terremotos.
Seguros catastróficos reducen el impacto de los desastres

México enfrenta huracanes, inundaciones y terremotos con una protección financiera todavía insuficiente. El problema también alcanza al resto de América Latina, donde hogares, empresas y gobiernos absorben buena parte de las pérdidas después de cada desastre. Esta exposición puede frenar inversiones, elevar la deuda pública y retrasar la recuperación económica.

La experiencia mexicana demuestra que la cobertura cambia el resultado. El aseguramiento de Cancún y la Riviera Maya facilitó su recuperación después del huracán Wilma. En contraste, la limitada protección de Acapulco ante Ingrid y Manuel prolongó sus efectos económicos y sociales.

Seguros catastróficos reducen la vulnerabilidad

Los fenómenos atmosféricos representan alrededor de nueve de cada diez desastres naturales en América Latina. Además, la concentración de población y activos en ciudades y destinos turísticos amplifica los daños. En México, esta combinación exige pólizas adecuadas, prevención empresarial y modelos que midan mejor cada exposición.

Asimismo, MAPFRE Economics estima una brecha regional de protección aseguradora de 316 mil millones de dólares. La cobertura existente alcanza 215 mil millones, mientras el nivel económicamente conveniente equivale a unas 2.5 veces esa cantidad. Los seguros catastróficos pueden transferir parte del riesgo y proteger la continuidad operativa.

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Cooperación para financiar la recuperación

El mercado privado no puede absorber por sí solo pérdidas extraordinarias de gran escala. Por ello, gobiernos, aseguradoras y reaseguradoras necesitan esquemas coordinados. También conviene crear fondos antes de una emergencia, pues esa previsión reduce la presión posterior sobre presupuestos, impuestos y deuda.

De igual manera, México puede fortalecer mecanismos público privados que distribuyan el costo entre más participantes. Una estructura permanente permitiría indemnizaciones oportunas, reglas claras y mayor certidumbre para hogares y negocios. La brecha calculada surge al comparar 215 mil millones de dólares asegurados con aproximadamente 531 mil millones de protección necesaria.

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