La explosión de una pipa de gas LP la mañana del 10 de septiembre en el puente de La Concordia, Iztapalapa, dejó 14 muertos y más de 70 heridos. El siniestro reveló no solo un accidente trágico sino también debilidades profundas en el cumplimiento regulatorio y la vigencia de seguros obligatorios en México.
Tras el incidente la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente declaró que el semirremolque implicado no contaba con pólizas de responsabilidad civil ni de daños ambientales activas para el transporte del gas. Asimismo, la empresa responsable afirmó que sí poseía seguros vigentes, incluyendo responsabilidad civil, aunque los detalles de las coberturas y su correspondencia con la legislación vigente siguen sin aclararse.
Coberturas obligatorias, cumplimiento pendiente
El sector del gas LP está regulado con normativas estrictas que exigen permisos, seguros específicos y regulaciones viales para transporte de materiales peligrosos. Del mismo modo, organismos como la Comisión Nacional de Energía deberían verificar la vigencia de los permisos y pólizas antes de autorizar operaciones. No obstante, la ejecución efectiva y la supervisión se muestran como áreas críticas con vacíos sensibles conforme al análisis de especialista Susana Cazorla.
En consecuencia, los seguros adquieren relevancia no solo para mitigación de riesgos sino para protección de terceros, víctimas directas e indirectas, además de daños ambientales.
La explosión en Iztapalapa aviva el debate sobre la necesidad de coordinación entre autoridades locales, federales y las aseguradoras; especialmente cuando regulaciones sectoriales y viales se cruzan en zonas urbanas con tráfico intenso. Según reportes de la ASEA, la revisión inicial no detectó sanciones urgentes, mientras que la empresa involucrada activó diversas pólizas luego del siniestro.
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