Fallan seguros y regulación en remediación ambiental por naufragios

La presencia de embarcaciones abandonadas frente a las costas de La Paz refleja un problema persistente de gobernanza portuaria y ambiental en México. La obligación legal de contar con seguros y retirar cascos hundidos prácticamente queda sin efecto ante controles débiles, lo que genera costos no reconocidos que recaen en comunidades costeras y autoridades locales.

El paso del huracán Norma dejó 45 embarcaciones varadas hace dos años. Muchas siguen en el mar sin que los propietarios ni aseguradoras asuman responsabilidad alguna. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que los dueños deben remover o señalizar sus embarcaciones hundidas y contar con seguro de responsabilidad civil. En la práctica esos mandatos quedan vacíos.

Una reconocida especialista en riesgos marítimos advierte que las pólizas de casco, lancha o yate rara vez integran cobertura para remoción de restos o mitigación de derrames.

Coberturas limitadas y costos ocultos

Los esquemas regulatorios son vulnerables. Las autoridades permiten pólizas incompletas sin verificar su alcance. Además, la supervisión recae en Capitanía de Puerto, con escasos recursos para fiscalizar embarcaciones sin matrícula ni seguro ni identificación del responsable. En consecuencia, la carga económica de retiro y saneamiento recae en el erario local o en organizaciones civiles.

Las cifras revelan la magnitud del problema. Un retiro de embarcación puede costar entre mil y 200 000 dólares. En La Paz, grupos ciudadanos han pagado entre 20 000 y 45 000 pesos por embarcación retirada. En 2024, el gobierno desembolsó alrededor de 6.5 millones de pesos para atender 20 barcos abandonados, equivalentes a entre 300 000 y 350 000 pesos por unidad.

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Remediación ambiental y gestión de riesgos

Para alinear intereses públicos y privados es urgente ofrecer seguros accesibles que incluyan cláusulas de remediación explicitadas. Además, se necesitan incentivos regulatorios sólidos, subsidios, tarifas reducidas y capacitación. Del mismo modo, las autoridades deben exigir garantías verificables y esquemas de financiamiento puente para evitar que surjan pasivos ambientales.

Asimismo, los pescadores locales ya sufren efectos concretos. Un casco varado reduce el área de maniobra de sus pangas, impacta operatividad de tours y genera riesgos con lluvias y corrientes.