Una medida del gobierno mexicano para reforzar el Fondo de Pensiones del Bienestar ha abierto una nueva línea de preocupación en el sector asegurador. El reciente acuerdo con las Afores para transferir recursos no reclamados por personas mayores de 70 años podría derivar en presiones regulatorias que, de mantenerse en 2026, eleven los costos de los seguros.
Este escenario surge tras una advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien amenazó con emitir un decreto si no se concretaba el traspaso voluntario de dichos recursos. Finalmente, el convenio se firmó el 20 de octubre de 2025, justo antes del cambio de gobierno, dando paso a inquietudes en el mercado financiero sobre las implicaciones de este tipo de intervenciones en instrumentos contractuales de largo plazo.
Costos de seguros y riesgo institucional
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha mostrado cautela, anticipando que la utilización de fondos privados para fines públicos podría sentar precedentes que afecten la estabilidad técnica de las pólizas, especialmente las de vida y retiro. Además, los analistas advierten que, ante un entorno de mayor incertidumbre regulatoria, las aseguradoras podrían verse forzadas a ajustar primas para compensar el riesgo institucional creciente.
Por otro lado, algunos actores del sector consideran que el impacto no será inmediato. Señalan que la nueva administración podría revisar o incluso revertir parcialmente los términos del acuerdo, dependiendo de los lineamientos que defina el próximo titular del Ejecutivo en materia de pensiones y finanzas públicas.
