Las disposiciones legales buscan dar orden, aunque en ocasiones se convierten en una barrera para el crecimiento económico. En México, la acumulación de normas genera costos que afectan tanto a productores como a consumidores.
El debate tomó fuerza en la Comisión de Salud, donde el senador Ricardo Monreal defendió una iniciativa para restringir la venta de bebidas energéticas a menores. La propuesta abrió una discusión sobre la capacidad de las regulaciones para proteger a la sociedad sin limitar la operación de sectores que ya enfrentan marcos exigentes.
Costos y consecuencias
Cada trámite adicional encarece los procesos, alarga tiempos de respuesta y multiplica la posibilidad de discrecionalidad. Especialistas advierten que sin evaluaciones costo-beneficio, las medidas legales pueden frenar la competitividad y desalentar proyectos de inversión.
La burocracia, más que un respaldo, termina representando una carga para quienes desean innovar o expandir sus negocios. Esto se traduce en menor dinamismo y en un entorno poco atractivo para el emprendimiento.
La digitalización de procedimientos y la simplificación administrativa son pasos clave para transformar la regulación en un aliado del desarrollo. La transparencia en los trámites también resultaría fundamental para reducir riesgos de corrupción y aumentar la confianza ciudadana.
México enfrenta la tarea de diseñar normas que garanticen seguridad sin convertirse en un freno económico. Alcanzar este equilibrio definirá la capacidad del país para sostener un crecimiento competitivo en los próximos años.
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