El entorno escolar mexicano podría experimentar un cambio estructural en la protección de sus estudiantes. La diputada Ruth González presentó una iniciativa para crear un seguro escolar obligatorio, cuyo objetivo es garantizar cobertura ante accidentes o emergencias dentro de las instituciones educativas públicas. Esta medida pretende establecer un modelo uniforme a nivel nacional que asegure la atención inmediata y reduzca los riesgos financieros para las familias.
El esquema propuesto contempla la coordinación entre las autoridades educativas y aseguradoras privadas, buscando eficiencia operativa y transparencia en la asignación de recursos. Además, se pretende que el seguro contemple distintos tipos de contingencias, desde accidentes menores hasta eventos de mayor gravedad. Del mismo modo, la iniciativa promueve la educación preventiva como parte integral del plan, incentivando a las escuelas a implementar protocolos de seguridad.
Seguro escolar obligatorio y su impacto financiero
La adopción de un seguro escolar obligatorio podría generar un cambio significativo en la gestión de riesgos del sector educativo. Además de proteger a los alumnos, este esquema aporta certidumbre económica a los padres, quienes se enfrentan a gastos imprevistos derivados de accidentes escolares. También, podría incentivar la competitividad entre aseguradoras, favoreciendo la oferta de coberturas más completas y accesibles.
Asimismo, se estima que la implementación del seguro contribuya a reducir la presión sobre los sistemas de salud pública, al garantizar atención oportuna a los estudiantes asegurados. El proyecto incluye lineamientos claros sobre la asignación de primas, supervisión estatal y mecanismos de reporte de incidentes, asegurando un seguimiento eficiente y medición de resultados.
Según proyecciones del sector, un modelo de seguro escolar obligatorio podría cubrir a más de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior en México, reforzando la seguridad y continuidad educativa en el país.
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