Protección financiera ante desastres crece a nivel global, persisten vacíos en países vulnerables

Las pérdidas económicas globales por desastres naturales en la primera mitad de 2025 alcanzaron los 162 mil millones de dólares, según cifras de la consultora Aon. De ese monto, 100 mil millones fueron cubiertos por aseguradoras, lo que representa el segundo registro más alto de pérdidas aseguradas en la historia para este periodo.

Este avance es relevante ya que por primera vez, la brecha de protección, es decir, la proporción de pérdidas no aseguradas, se redujo a 38% a nivel global, muy por debajo del promedio de 69% registrado en el siglo XXI.

En gran medida, esta reducción se explica por la alta penetración de seguros en Estados Unidos, donde más del 90% de las pérdidas aseguradas del mundo se originaron. Sin embargo, en regiones de ingresos bajos y medios, la capacidad de respuesta sigue limitada por la ausencia de infraestructura aseguradora robusta y modelos de riesgo adaptados a la realidad local.

Riesgos crecientes y respuesta del sector

Fenómenos como incendios forestales en California, tormentas severas en el centro de Estados Unidos, inundaciones en Australia y el colapso glaciar en Suiza muestran cómo la variabilidad climática intensifica su impacto. El incendio de Palisades en 2024, considerado el más costoso de la historia, dejó pérdidas económicas estimadas en 275 mil millones de dólares, ilustrando la urgencia de fortalecer la prevención y la resiliencia.

Para atender este reto, especialistas señalan que la industria aseguradora debe evolucionar; pasar de un modelo centrado en transferir riesgos a uno que integre prevención, mitigación y gestión proactiva. Ello implica alianzas más estrechas con gobiernos, sindicatos y sector privado para incorporar estándares de construcción resiliente, regulación financiera sensible al clima y planificación territorial informada por ciencia climática.

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Un reto para la equidad y los derechos laborales

La cobertura insuficiente en países en desarrollo no solo amplifica los costos económicos, sino que agrava desigualdades. En contextos con alta informalidad, la ausencia de seguros adecuados impacta directamente en el empleo y en el acceso a indemnizaciones, generando un vacío que los sindicatos y la legislación laboral podrían ayudar a cubrir. Fortalecer la cultura aseguradora en estos mercados no es solo una medida financiera: es una estrategia de protección social.

El desafío es claro: diseñar sistemas que no discriminen por capacidad de pago y que integren mecanismos colectivos de cobertura para trabajadores y comunidades expuestas. Así, la resiliencia frente a desastres se convierte en una extensión de los derechos laborales y en un eje de la justicia social contemporánea.

Con información de World Economic Forum