California vuelve a debatir el alcance de Medi-Cal en medio de presiones presupuestarias y necesidades de salud pública. Legisladores demócratas presentaron una iniciativa que busca restablecer la cobertura completa para adultos sin estatus migratorio regular a partir del 1 de enero de 2027.
El proyecto, denominado Medi-Cal Access Restoration Act, propone eliminar el congelamiento vigente y permitir que personas de 19 años o más puedan acceder al alcance total de beneficios, sujeto a ciertas limitaciones como el pago de primas y ajustes en coberturas dentales.
La discusión se produce tras ajustes presupuestarios recientes. El estado enfrentó un déficit superior a 10 mil millones de dólares antes de reducir la expansión de cobertura para adultos indocumentados en el presupuesto 2025-26. Actualmente, California proyecta un nuevo faltante cercano a 3 mil millones mientras prepara el próximo plan de gasto.
Medi-Cal y el debate fiscal en California
Promotores del proyecto sostienen que congelar la cobertura no elimina las necesidades médicas, sino que traslada los costos a hospitales, condados y salas de emergencia. Argumentan que la atención preventiva resulta menos costosa que la intervención tardía en urgencias.
De acuerdo con datos oficiales citados por legisladores, residentes sin estatus migratorio aportan aproximadamente 8.5 mil millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales y representan cerca de una décima parte de la fuerza laboral del estado.
Además, estimaciones públicas indican que California destina alrededor de 3.5 mil millones de dólares al año en atención de emergencia prevenible.
Impacto en el sistema de salud estatal
El proyecto plantea que ampliar Medi-Cal podría reducir visitas evitables a urgencias, cuyos costos pueden superar diez veces el valor de la atención primaria. Sus impulsores afirman que la medida representa una decisión fiscalmente responsable en el largo plazo.
No obstante, el contexto presupuestario sigue siendo un factor determinante. La viabilidad de la iniciativa dependerá del equilibrio entre ingresos estatales, gasto social y respaldo legislativo en el próximo ciclo fiscal.
Si se aprueba, la ley requeriría ajustes administrativos para restablecer la elegibilidad y coordinar pagos de primas bajo el nuevo esquema a partir de 2027.
