La reciente frecuencia de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos elevó la presión sobre las finanzas públicas estatales. Diversos especialistas y organizaciones civiles urgen al Estado contratar un seguro contra desastres para garantizar que la atención a la población no dependa únicamente de recursos presupuestales limitados. La experiencia en varios estados del país demostró que la falta de aseguramiento genera retrasos en la reconstrucción y mayores costos para las comunidades más vulnerables.
Actualmente, cuando ocurre un fenómeno natural severo, los gobiernos estatales deben gestionar fondos extraordinarios, emitir declaratorias y negociar recursos federales. Este proceso puede tardar semanas. El seguro contra desastres ofrece un mecanismo inmediato de compensación financiera que permite actuar sin demoras en la reparación de infraestructura, servicios básicos y vivienda.
Seguro contra desastres como herramienta de gestión pública
La contratación de este tipo de pólizas no solo protege el patrimonio público. También fortalece la capacidad del Estado para responder a emergencias, restaurar caminos, puentes y redes de agua potable.
No te pierdas: Aumento de primas de seguros impactará a usuarios en 2026
Además, el costo del seguro contra desastres suele ser menor que el gasto directo que implica reconstruir infraestructura dañada. La previsión financiera se vuelve esencial en un contexto donde los eventos climáticos extremos aumentan en frecuencia e intensidad. Estados costeros y zonas de alta precipitación enfrentan mayor exposición y requieren esquemas de cobertura estables y sostenibles.
Datos recientes del sector asegurador muestran que los siniestros climáticos representan una proporción creciente del monto total indemnizado a nivel nacional, lo que confirma la tendencia al alza en la severidad de los daños.
