La conectividad vehicular abrió una nueva fuente de ingresos para la industria automotriz en Estados Unidos. Sin embargo, también expuso riesgos que ahora generan conflictos regulatorios y reputacionales para fabricantes con millones de clientes activos.
General Motors enfrenta un fuerte escrutinio después de que autoridades estadounidenses confirmaran que datos de conducción y geolocalización fueron compartidos con intermediarios especializados en análisis de riesgo. Parte de esa información terminó en procesos utilizados por aseguradoras para evaluar primas y perfiles de clientes.
Datos de conducción elevan la presión sobre fabricantes
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos determinó en 2025 que GM y OnStar no informaron de manera adecuada cómo recopilaban y compartían información sensible. En consecuencia, la compañía recibió una prohibición de cinco años para vender esos datos a agencias de informes de consumo.
Además, la investigación reveló que el sistema Smart Driver registraba variables como frenadas bruscas, velocidad y recorridos frecuentes. Posteriormente, terceros utilizaron esos registros para elaborar perfiles vinculados al mercado asegurador.
Seguros y privacidad en el centro del debate
También crece la presión desde California. En mayo de 2026, GM acordó pagar 12,75 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con la venta de información de cientos de miles de conductores sin consentimiento explícito.
Asimismo, reguladores exigen mecanismos claros para que los usuarios puedan acceder, eliminar o limitar el uso de sus datos personales. El caso se convirtió en una referencia para todo el ecosistema de movilidad conectada.
GM habría obtenido alrededor de 20 millones de dólares mediante la comercialización de información vinculada a hábitos de conducción entre 2020 y 2024. Esa cifra ahora funciona como referencia para medir el valor económico y el riesgo regulatorio de los datos generados por vehículos conectados.
