México reforzó su estrategia de protección financiera frente a fenómenos naturales con la renovación de un instrumento clave para atender emergencias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que amplió la cobertura del seguro catastrófico para el periodo 2026-2027, elevando significativamente la capacidad de respuesta ante eventos como sismos, huracanes e inundaciones.
La medida busca fortalecer la protección del patrimonio público y garantizar recursos oportunos para apoyar a la población afectada por desastres naturales. Además, forma parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos impulsada por el gobierno federal.
Cobertura nacional ante fenómenos de gran impacto
La Secretaría de Hacienda detalló que el nuevo esquema fue contratado con Agroasemex por una suma asegurada de 10 mil 400 millones de pesos, duplicando la cobertura disponible respecto al periodo anterior.
Asimismo, el instrumento estará vigente desde junio de 2026 hasta mayo de 2027 y cubrirá todo el territorio nacional frente a sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media y alta.
El mecanismo incorpora dos componentes. Por un lado, un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos. Por otro, un seguro paramétrico por 10 mil millones de pesos diseñado para garantizar liquidez inmediata cuando ocurra una catástrofe.
Además, la dependencia destacó que esta herramienta complementa otros mecanismos de protección financiera ya existentes dentro del gobierno federal.
Seguro catastrófico se complementa con bonos internacionales
México también mantiene vigente un bono para catástrofes hasta 2028 con una protección total de 595 millones de dólares. Este instrumento contempla coberturas específicas para terremotos y huracanes tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.
En consecuencia, las autoridades continuarán evaluando nuevas estrategias para ampliar las coberturas disponibles y mejorar la modelación de riesgos. De igual manera, se impulsará la cooperación con organismos internacionales, gobiernos y actores del sector asegurador para desarrollar herramientas que fortalezcan la resiliencia financiera del país ante fenómenos naturales cada vez más complejos.
