Seguro institucional desata protestas de maestros jubilados en Veracruz

La presión sobre el sistema de seguros para trabajadores públicos volvió al centro del debate en Veracruz. Maestros jubilados bloquearon calles del centro histórico del puerto para exigir la reactivación y pago del seguro institucional suspendido desde 2021.

La movilización afectó la circulación en avenidas cercanas al parque Zamora y evidenció un conflicto que acumula varios años sin solución definitiva. Los docentes retirados denunciaron que continúan las retenciones mensuales en sus pensiones pese a que no existe una aseguradora contratada para respaldar la cobertura de vida.

Seguro institucional mantiene tensión financiera

Representantes del movimiento señalaron que alrededor de 45 mil jubilados aportan recursos mensuales destinados al seguro institucional. Sin embargo, los inconformes aseguran que los beneficiarios de maestros fallecidos siguen sin recibir indemnizaciones.

Asimismo, los docentes reclamaron que el gobierno estatal no ha transparentado el destino de los recursos acumulados desde la cancelación de la póliza. Diversas organizaciones estiman que el monto retenido supera cientos de millones de pesos.

La protesta también buscó acelerar negociaciones con autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz y de la Secretaría de Gobierno estatal. Los manifestantes exigieron un acuerdo formal que garantice cobertura inmediata para jubilados y pensionados.

Si este artículo te está gustando, podrías leer: Congreso busca cerrar acceso a datos usados por montachoques

Veracruz enfrenta presión por adeudos

Además, el caso refleja un problema recurrente en los sistemas públicos de protección financiera vinculados a empleados retirados. Especialistas del sector asegurador advierten que retrasar la contratación de pólizas incrementa riesgos operativos y eleva costos futuros para las administraciones estatales.

Las agrupaciones de jubilados sostienen que el descuento relacionado con el concepto 026 continúa aplicándose de manera regular. También afirmaron que existen adeudos pendientes para familias de docentes fallecidos desde 2010, situación que mantiene presión social y política sobre el gobierno estatal.