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Congreso busca cerrar acceso a datos usados por montachoques

La protección de datos en el sector automotriz volvió al centro del debate público en México tras una propuesta legislativa que busca limitar el acceso a información vehicular y pólizas de seguros. El objetivo apunta a reducir las operaciones de bandas de montachoques que utilizan registros abiertos para seleccionar víctimas vulnerables.

La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México y plantea reforzar el resguardo de datos relacionados con automóviles asegurados y propietarios. Además, busca evitar que delincuentes consulten plataformas digitales para confirmar si un vehículo cuenta con cobertura vigente antes de provocar un accidente y exigir pagos inmediatos.

Montachoques elevan presión sobre aseguradoras y conductores

El fenómeno de los montachoques mantiene impacto directo en conductores y compañías aseguradoras. Estas prácticas generan reclamaciones irregulares, incrementan costos operativos y afectan la percepción de seguridad vial en varias zonas del país. Asimismo, especialistas consideran que el uso indebido de información vehicular facilita esquemas de extorsión más sofisticados.

La propuesta también coincide con un contexto donde la protección de datos cobra mayor relevancia dentro del ecosistema automotriz. Diversos mercados han fortalecido regulaciones para impedir filtraciones relacionadas con movilidad, pólizas y comportamiento de conducción. En consecuencia, el debate ya no se limita a privacidad, también involucra prevención del fraude y seguridad financiera.

Las aseguradoras mantienen inversiones crecientes en análisis de riesgo y sistemas antifraude. Del mismo modo, autoridades y organismos del sector impulsan herramientas digitales con controles más estrictos sobre acceso y almacenamiento de información sensible; La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó durante 2025 un aumento en consultas relacionadas con fraude y extorsión vehicular. Además, expertos advierten que las pérdidas económicas derivadas de estos delitos continúan presionando primas y procesos de indemnización.

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REDACCIÓN

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