La creciente exposición del campo español a fenómenos meteorológicos extremos ha reabierto el debate sobre el futuro de los seguros agrarios. En Castilla-La Mancha, PP y Vox han reclamado una actualización del sistema para adaptarlo a un escenario climático cada vez más exigente, donde sequías, pedriscos e inundaciones elevan la vulnerabilidad de agricultores y ganaderos.

Las formaciones políticas consideran que el actual modelo debe evolucionar para responder con mayor eficacia a la frecuencia e intensidad de los siniestros. El planteamiento llega en un momento especialmente relevante para el sector primario español, que afronta mayores costes de producción y una creciente incertidumbre sobre los rendimientos de las explotaciones.

Seguros agrarios ante un nuevo escenario de riesgo

La discusión coincide con una etapa de fuerte impulso institucional a la contratación de pólizas agrarias. Castilla-La Mancha elevó en 2026 hasta 12 millones de euros las ayudas destinadas a seguros agrarios, la mayor dotación de su historia. La medida busca reforzar la protección económica de más de 23.000 profesionales del campo y mejorar la capacidad de respuesta frente a pérdidas derivadas del clima.

Además, el seguro agrario ha ganado protagonismo como herramienta de estabilidad financiera para las explotaciones. Las administraciones regionales y el sector coinciden en que la gestión del riesgo ya forma parte de la planificación empresarial de agricultores y ganaderos.

Las cifras recientes explican buena parte de esta presión. Durante 2025, Castilla-La Mancha registró más de 332.000 hectáreas siniestradas. Las indemnizaciones superaron los 101 millones de euros, con un crecimiento interanual del 19%. El pedrisco concentró cerca del 74% de los daños indemnizados.

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